La presidenta de COCEMFE Asturias y del CERMI Asturias, Mónica Oviedo, ha participado activamente en la jornada "Los derechos fundamentales de las personas con discapacidad: perspectivas personal y patrimonial", celebrada en la Junta General del Principado de Asturias bajo la organización de la Fundación Æquitas . Durante su ponencia, centrada en los efectos colaterales de la Ley 8/2021 de 2 de junio, Oviedo ha calificado esta reforma como un hito histórico indispensable para la dignidad jurídica del colectivo, pero ha alertado con dureza sobre la alarmante inseguridad jurídica y la pérdida de derechos económicos que está provocando su defectuosa implementación práctica .

La reforma legal supuso el fin del arcaico sistema de incapacitación y sustitución de la toma de decisiones, sustituyéndolo por un modelo centrado en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad, quienes ahora deben recibir los apoyos necesarios para ejercer su capacidad jurídica en condiciones de igualdad . Sin embargo, la falta de transversalidad y la nula adaptación de las normativas de la Administración Pública y el sector privado están truncando el espíritu de la Convención de Nueva York .

Los fallos del sistema: Impacto económico y exclusión social

En su intervención, la presidenta desglosó los principales efectos negativos y "lagunas" que están sufriendo las familias en cuatro ámbitos críticos :

• Bloqueo de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria: Tras la supresión de figuras como la tutela o la patria potestad prorrogada, Hacienda ha adoptado un criterio restrictivo desproporcionado . Solo asimila de forma automática el grado del 65% de discapacidad (esencial para deducciones en el IRPF y ayudas) a aquellas personas bajo curatela representativa, la cual es excepcional . Esto deja completamente desprotegidas a la inmensa mayoría de familias acogidas a la guarda de hecho o curatela asistencial, provocando la pérdida fulminante de prestaciones por hijo a cargo y pensiones no contributivas .

• Prácticas discriminatorias en el sector bancario: Las entidades financieras están incurriendo en graves desajustes informáticos y de gestión . Se están bloqueando cuentas bancarias de personas con discapacidad intelectual sin aviso previo , ignorando que los antiguos tutores mantienen plenamente sus funciones legales mientras los juzgados no revisen formalmente los expedientes . Asimismo, los bancos rechazan la cotitularidad con guardadores de hecho y deniegan de forma sistemática la contratación de tarjetas, préstamos o seguros, mermando su autonomía .

• Convenios laborales desactualizados: Un volumen considerable de los convenios colectivos en España siguen congelados en el pasado . Al no haber sido adaptados a la Ley 8/2021, siguen exigiendo el término de "incapacitación judicial" o la figura del "tutor legal" para conceder permisos y beneficios por cuidados a los trabajadores, generando indefensión laboral .

• Trabas en el acceso a la Justicia Gratuita: La agilización de la Ley de Jurisdicción Voluntaria ha provocado que, al no ser obligatoria la intervención de abogado y procurador en estos trámites, las comisiones estatales estén rechazando las solicitudes de asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad que necesitan abrir un proceso formal de provisión de apoyos .

Propuestas urgentes de reforma

Para solucionar este escenario de vulnerabilidad, desde el movimiento asociativo se urge a las administraciones a actualizar todas sus leyes transversales y a realizar una intensa pedagogía entre los juristas y profesionales del sector privado . Como medida inmediata, se propone la modificación urgente de la Disposición Adicional 25ª de la Ley General de la Seguridad Social para impedir que las personas con discapacidad sigan perdiendo las prestaciones económicas que compensan los sobrecostes diarios de sus familias .