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 ¿Es lo mismo dependencia que discapacidad?
No, una persona se encuentra en situación de dependencia, sin perjuicio del grado de discapacidad que pueda tener, cuando concurren, además de una limitación física, mental, intelectual o sensorial, dos factores fundamentalmente: la incapacidad de la persona para realizar por sí misma actividades de la vida diaria, y la necesidad de asistencia o cuidados de una tercera persona. 
 
 
¿Cuál es el objeto de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia?
Reconocer un nuevo derecho subjetivo de la ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
 
 
 ¿Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita las personas con discapacidad?
Si, las personas con discapacidad tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se podrá reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas con discapacidad (con mínimo el 33% de grado de discapacidad y las que tienen reconocida una incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio) así como a las personas que los tengan a su cargo cuando actúen en un proceso en su nombre e interés.
 
Abarcando los siguientes derechos:
  • El asesoramiento y orientación que se precise antes de un proceso judicial.
  • La asistencia de letrado al detenido o preso.
  • La defensa y representación por abogado y procurador en los procedimientos judiciales en que sea parte una persona con discapacidad o entidad asociativa de utilidad pública.
  • La asistencia pericial en los procesos.
  • La exención de los depósitos que fueran obligatorios en la interposición de recursos, obtención de copias, testimonios.
  • Inserción de anuncios o edictos que fueran obligatorios en un procedimiento.
  • Así como la reducción en derechos arancelarios en los registros y notarios que tuviera relación directa con el proceso en el que intervenga una persona con discapacidad.

 

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