Los cambios clave en el Estatuto de los Trabajadores (Artículo 49.1) son los siguientes:

• La declaración de gran incapacidad, incapacidad permanente absoluta o total ya no es una causa de extinción automática del contrato.

• La extinción del contrato en estos supuestos queda condicionada a varios factores:

La voluntad de la persona trabajadora de mantener la relación laboral. La persona trabajadora dispone de 10 días naturales desde la notificación de la resolución de incapacidad para manifestar por escrito a la empresa su voluntad.

La posibilidad de realizar ajustes razonables en el puesto de trabajo o la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con el perfil profesional y compatible con la nueva situación.

• La empresa únicamente podrá activar la extinción del contrato si no es posible realizar los ajustes razonables por constituir una carga excesiva, no existe un puesto de trabajo vacante compatible, o si la persona trabajadora rechaza un cambio de puesto adecuadamente propuesto.

• Se establece un criterio para determinar si la carga es excesiva: se considera el coste de las medidas de adaptación en relación con el tamaño, recursos económicos, situación económica y volumen de negocios de la empresa. La carga no será excesiva si se cubre suficientemente con ayudas públicas. Para empresas de menos de 25 trabajadores, se considera excesiva si el coste de adaptación (tras ayudas) supera la mayor de estas cuantías: la indemnización del artículo 56.1 o seis meses de salario.

• Se introduce un periodo de suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante el tiempo que dure la valoración y realización de los ajustes razonables o el cambio a un puesto vacante, una vez declarada la incapacidad permanente. La empresa dispone de un plazo máximo de tres meses para realizar los ajustes o cambio de puesto, o para proceder a la extinción si no es posible, debiendo motivar y comunicar por escrito su decisión.