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El presidente de Asturias afirma que en esta legislatura abordará la aprobación de una nueva Ley de Servicios Sociales "que responda a la evolución de la socidad"

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El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández, ha asegurado que en la actual legislatura está previsto abordar la aprobación de una nueva Ley de Servicios Socialesque responda a la evolución de la sociedad y a la aparición de nuevas y crecientes necesidades, teniendo en cuenta elementos clave del sistema social como la intervención integral, la calidad o la eficiencia”.

Así se ha manifestado el jefe del Ejecutivo asturiano en una entrevista concedida a la publicación ‘Cermi.es semanal’, que puede leerse íntegramente aquí. En ella, hace hincapié en que la Comunidad “cuenta con una ley que fue pionera en su momento al reconocer por primera vez el derecho subjetivo de los ciudadanos a las prestaciones sociales, pero los años han pasado y compartimos que es necesaria una nueva norma”.

En relación a la  atención a las personas con discapacidad, Javier Fernández considera que en esa nueva ley “es importante ahondar en la intervención y también en la organización de los recursos y servicios que se prestan, tanto desde la red de atención pública como desde las entidades sociales, a los que aspiramos a tener como colaboradores necesarios de la Administración a través del  desarrollo de fórmulas estables de concertación”.

En este sentido, destaca la importancia del trabajo conjunto en espacios como el Consejo Asesor de la Discapacidad, en el que entre otras cuestiones, se ha creado un grupo para evaluar el Plan de Atención Integral a Personas con Discapacidad 2015-2017, con el fin de recoger ideas de cara al próximo plan. Del anterior, según el presidente del Principado, se han ejecutado por completo o se han empezado a poner en marcha el 70% de las medidas previstas.

Por otro lado, Javier Fernández ha puesto en valor el trabajo que se está realizando para regular el ‘concierto social’, con el fin de dotar de mayor seguridad jurídica la contratación de prestación de servicios públicos por parte de la administración con entidades sociales. Para ello, explica que se están manteniendo reuniones con otras autonomías que ya han puesto en marcha esta petición del CERMI y con las propias organizaciones del Tercer Sector.

“En este momento, se está pendiente de las actuaciones que lleve a cabo el  gobierno de España, que ha anunciado que prevé retomar la trasposición de la Directiva europea  de contratación. Como  puede percibir, la tarea no es sencilla pero nuestro compromiso es claro, y seguiremos trabajando para lograr una solución consensuada y segura para un asunto en el que nos jugamos mucho tanto las entidades sociales como las administraciones”, agrega el presidente asturiano.

 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En cuanto al plazo legal que concluye el 4 de diciembre para que todas las infraestructuras y servicios de interés público sean accesibles, subraya que “el gobierno asturiano está trabajando en la elaboración de un nuevo plan 2017-2019, que dará respuesta a todas estas exigencias, y en el que se pretende dar un paso más hacia la accesibilidad universal, considerando no solo las barreras físicas sino también  las cognitivas que encuentran las personas con discapacidad intelectual a la hora de participar en los servicios de la comunidad”.

Asimismo, Fernández explica que en el marco de la elaboración del II Plan de Accesibilidad, el Principado se planteará la posibilidad de recuperar la figura del  Consejo Asesor de Accesibilidad con el fin de trabajar de manera trasversal y avanzar en la actualización de la normativa asturiana.

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo regional celebra que recientemente se haya acordado que el CERMI,, entre otras entidades sociales, se vayan a incorporar al Consejo Escolar, a fin de mejorar la inclusión educativa  del alumnado con discapacidad. Igualmente, incide en los esfuerzos que se están llevando a cabo para llevar también la inserción a la Formación Profesional y universitaria.

Por último, muestra su satisfacción por el hecho de que se cumpla siempre la reserva de plazas para personas con discapacidad en el empleo público de la Comunidad Autónoma como mecanismo para fomentar la empleabilidad de las personas con discapacidad, amén de las mejoras en la contratación socialmente responsable por parte de la administración y la adopción de medidas para que se realicen las adaptaciones en los puestos de trabajo que necesiten los trabajadores con discapacidad.

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